“Llegué uniformado a una ferretería a preguntar por el precio del repuesto de un carro y el propietario enseguida me dijo que ‘no tenía dinero para darme, no habían donaciones por el momento’. Me sorprendió mucho, pero así es como nos ven en la calle. La credibilidad del Cuerpo de Policía del estado Zulia (Cpez) ha decaído bastante y está dividido entre los que realmente quieren hacer un trabajo honesto y los que cometen delitos usando la chapa y el arma de la institución”.
Desde el garaje de su residencia en Maracaibo, lejos de la vista de sus compañeros y superiores, un oficial del Cpez rompió el silencio sobre la situación “crítica” dentro de las filas del organismo policial más antiguo del país, con una nómina de 6.300 efectivos, encargados de velar por la seguridad de más de 3 millones 700 mil habitantes en el Zulia.
Con casi 20 años de servicio, el funcionario ha sido testigo de “irregularidades” en los que sus compañeros de armas, desde el de mayor jerarquía hasta el oficial raso, han sido autores en la planificación y ejecución de delitos como extorsión, concusión, secuestro, robo a mano armada y sicariato, algunos de ellos de conmoción pública.
Las autoridades reconocieron que en cuatro años, existen 523 oficiales con expedientes abiertos, 104 están en proceso de destitución y solo un 30% de ellos está vinculado en faltas penales. El resto, investigado por faltas administrativas, será removido a principios de 2013, señaló el comisionado Jesús Cubillán, director del Cpez. Hasta la fecha, solo 64 han sido despedidos.
Otras fuentes policiales del organismo estiman que en total serían 2 mil las averiguaciones (33,3% de la población policial) llevadas a cabo por el Cpez desde el 2007, siendo la extorsión el delito más recurrente de los oficiales.
Resalta el caso de un alto funcionario a quien se le relacionó con la extorsión a unos “narcos”, quienes aterrizaron en una avioneta, en La Concepción (2009). “A los delincuentes los despojaron de un maletín contentivo de dólares. Llegaron a un acuerdo y los soltaron en una zona de Machiques”, relató el informante, bajo la condición de anominato.
El último caso sonado e insólito ocurrido en la entidad fue el presunto enfrentamiento en el que dos hermanos, ambos oficiales del Cpez, cayeron abatidos junto con dos hampones, hace más de una semana, cuando entraron a robar en una residencia en el sector La Rotaria, al oeste de Maracaibo.
A los hermanos José y Alberto Puccini, éste último con dos expedientes administrativos por robo de vehículo y celular, los señalaron también en los asaltos al centro comercial Galerías, el edificio Amalfi y al restaurante en Bella Vista, perpetrados en julio, agosto y octubre, respectivamente. “¿Qué información tendrían los hermanos en los chips de sus teléfonos que desaparecieron de la escena del enfrentamiento? El Cicpc debería investigar qué pasó, rastrear las últimas llamadas, incluso, las que recibieron desde hace dos meses”, sostuvo la fuente.
Por la pérdida de estas evidencias, la policía científica investiga a un tercer funcionario del Cpez y no descarta una conexión de los hermanos con uno o más policías de la institución.
Con la “infiltración” de los hermanos Puccini dentro del organismo y su muerte a manos de sus compañeros, el Cpez está en el ojo del huracán y el tema de una verdadera depuración policial surgió nuevamente en la colectividad.
La crisis dentro de la extinta Policía Regional estalló en marzo de 2006 cuando la Defensoría del Pueblo reveló que tres de sus oficiales y dos paramilitares participaron en el secuestro de Rosina Di Brino, quien apareció muerta 20 días después, en Isla Dorada.
Fueron los oficiales Jesús Díaz (abatido), John Viloria y Yorge Meléndez, los señalados de participar en el plagio y homicidio de la joven, de 22 años, admirada por su belleza y humildad, con un futuro prometedor. Meses después, el entonces gobernador Manuel Rosales condecoró a 127 oficiales, dos ellos incursos en delitos denunciados por la Defensoría.
El caso Di Brino no solo impactó al Zulia. Ese mismo año, el país se conmovió con la privación ilegítima de libertad y asesinato de los hermanos Jhon, Kevin, Jeison Faddoul y su chofer Miguel Rivas; y del empresario ítalo-venezolano Filippo Sindoni, donde también se involucraron a miembros policiales de otras entidades del país.
Debido a la incursión cada vez más frecuente de oficiales de seguridad en diversos delitos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, emprendió la tarea de reformar la estructura policial de Venezuela.
En el proceso de consulta nacional para la transformación de la policía participaron 22 sectores del país, siendo 1.385 los funcionarios encuestados. Los resultados indicaron que el 47% de los oficiales aceptó que hay corrupción interna en las diferentes policías del país.
Según la encuesta, los delitos más recurrentes en el Zulia fueron la extorsión, seguido de la matraca, cobro de vacunas y la protección a delincuentes.
Varios organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Alcaldía de Maracaibo y diputados de la Asamblea Nacional solicitaron, en reiteradas oportunidades, la intervención inmediata de la PR, argumentando los vínculos de una parte de los oficiales en actividades delictivas.
Mario Isea, exdiputado de la plenaria, denunció la existencia dentro de la PR de la banda “Los Intocables”, cuyos integrantes eran los secuestradores de Di Brino y los paramilitares Sebastián Guerrero, alias “El Nacho”, y Manuel Agudelo, alias “El Farra”. Dicha organización contó con el amparo de “algunos altos directores de la Secretaría de Defensa y Seguridad, dirigida en aquel tiempo por José Sánchez “Mazuco” y jefes de la PR”.
La banda fue señalada de planificar sicariatos y atracos a una empresa de refrescos y una reconocida compañía aseguradora. En los robos participaban 10 hombres tipo comando portando armas de fuego. Al ser señalados como los homicidas de Di Brino, los policías habrían pagado 25 mil bolívares a sus superiores para que los protegieran.
Ese mismo año, los secuestros en la región se duplicaron en comparación con el 2005, alcanzando 51 casos y las denuncias contra los “policías regionales” eran numerosas, pero había retardo en sus expulsiones.
Sobre las destituciones, Cubillán informó que en ese entonces “era un proceso más burocrático porque (el expediente del funcionario) salía de aquí de la comandancia a la consultoría, pasaba a una comisión laboral y luego firmaba el gobernador la expulsión del funcionario. Eso tardaba demasiado”.
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